De que depende la tasación




Por virtud de la Ley 41/2007,  se ha aprobado una sustantiva reforma que modifica diferentes  normas reguladoras de los mercados hipotecarios y financieros. Se trata de una ley que ha ido incorporando, en una tramitación sin duda algo desordenada,  normas de índole fiscal y procesal.

Así, en un somero repaso del texto legal que se comenta, a modo de introducción cabe citar el propósito de nuestros legisladores de hacer  más expedita la circulación de determinados productos financieros, más transparentes sus ofertas y más flexibles sus garantías, aunque no debe olvidarse, como contrapartida, que la mayor liberalización y sofisticación del
mercado de refinanciación, exigirá un aumento proporcional de los controles y de la supervisión, en la línea de lo que se propone para las entidades de tasación, a fin de evitar posibles escándalos y sorpresas como los provocados por los créditos garantizados con hipotecas  subprime.

Ya se sabe; toda norma se hace efectiva en la medida en que se disponga de los medios necesarios para su correcta implementación, y su éxito antes depende de esto último que de
aciertos legislativos sobre el papel.

Nos permitimos destacar a continuación algunos de los aspectos más relevantes de la ley:
De un lado se propone el  abaratamiento de los gastos notariales y regístrales en las cancelaciones, novaciones (negociación y cambio de las condiciones pactadas en un principio, como el tipo de interés, el plazo o el sistema de amortización) y  subrogaciones, que se reducirán, prácticamente, a la mitad de lo ahora representan.

La flexibilización del mercado hipotecario también pasa por una  bajada de las comisiones máximas por cancelación anticipada de los préstamos, o por subrogación en las firmadas a tipos de interés variable.
La reforma también quiere garantizar la  independencia de las sociedades de tasación a la hora de valorar el precio de una vivienda. Para conseguirlo, se establecen una serie de infracciones leves, graves y muy graves, que pueden llegar a suponer la pérdida de homologación por parte del tasador y una multa de hasta 300.000 euros en los casos de fraude en la valoración.

Esta norma regula también, por vez primera, productos bancarios como la hipoteca inversa y el seguro de dependencia, que permite a los mayores de 65 años monetarizar sus bienes inmuebles sin tener que renunciar a su propiedad, pudiendo disfrutar de ellos de manera vitalicia.

Esencialmente, viene a consistir en la percepción de un crédito fraccionario y gradual, que desde la perspectiva del cliente supone la obtención de una renta temporal o
vitalicia. Su importe depende del valor de tasación de la vivienda y la edad del titular formalizando una nueva hipoteca con la entidad bancaria, o bien vendiendo la vivienda.

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