Banco malo arranca con el Santander y La Caixa como grandes accionistas




El banco malo, tantas veces negado por el Gobierno y forzado por las autoridades europeas, ha comenzado a andar. Después de muchos esfuerzos del Ejecutivo para convencer a las entidades para que invierten en el capital de la Sareb, (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), ya es una realidad.

El banco malo, que se ha convertido en una cuestión de Estado, es uno de los grandes hitos de la reestructuración bancaria porque, en teoría, debe servir para aparcar los activos tóxicos de las entidades nacionalizadas o con ayudas del Estado, para que empiecen a conceder créditos. Otros países europeos, como Irlanda y Reino Unido, ya disponen de organismos similares desde hace años.

Esta sociedad aglutinará activos tóxicos en forma de créditos impagados, 89.000 pisos y 13 millones de metros cuadrados de suelo, estará dominada por el Santander (16,2% de capital tras aportar 840 millones) y La Caixa, (11,7% con 606 millones), como compromiso máximo.

En el arranque, el banco malo solo tendrá 827 millones de capital, aunque realizará ampliaciones antes de fin de año para alcanzar los 4.000 millones entre acciones (el 25% de la inversión) y deuda subordinada. De esta cantidad, unos 2.100 millones serán privados y el resto, del fondo de rescate, el FROB. Con estos recursos propios, podrá admitir activos por valor de 44.000 millones de BFA-Bankia, Catalunya Bank, Novagalicia y Banco de Valencia.

Posteriormente (para febrero probablemente), la Sareb realizará una ampliación de capital hasta alcanzar los 5.200 millones, de los que algo más de 2.600 serán de las entidades bancarias. Tras este refuerzo, podrá admitir la segunda oleada de activos tóxicos, los procedentes de Banco Mare Nostrum, Liberbank, Caja España-Duero y Caja3. Sumarán unos 65.000 millones y llegarán con un descuento medio del 54% sobre su valor en libros, siguiendo los criterios de los escenarios de las pruebas de capital de Oliver Wyman.

El Gobierno ha buscado que el sector privado sea mayoritario para evitar que las pérdidas de la sociedad (previstas durante algunos ejercicios) cuenten como déficit público y la inversión total no sea deuda del Estado.

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